El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, dispone la disolución del Congreso y del Senado y convoca elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026. Esta decisión tiene consecuencias para las iniciativas normativas que afectan a las IIC, los Planes y Fondos de Pensiones y sus Gestoras:
- Proyectos de ley en tramitación parlamentaria:
Con carácter general, la disolución del Congreso determina la caducidad de los proyectos de ley pendientes de examen y resolución, conforme al artículo 207 de su Reglamento. Si se deseara retomar estas iniciativas en la próxima legislatura, sería necesaria su nueva presentación y tramitación parlamentaria.
- Anteproyectos e iniciativas todavía no remitidos a las Cortes:
En cuanto a las iniciativas que permanecen en fase de elaboración o tramitación administrativa, al no haber entrado en el Congreso, no decaen formalmente con la disolución de las Cortes, si bien, en la práctica, su continuidad dependerá de si se vuelven a retomar por el Gobierno resultante de las elecciones.
- Posibilidad de aprobación de nuevos reales decretos-leyes
La disolución de las Cortes no impide al Gobierno aprobar reales decretos-leyes, siempre que concurran las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad y se respeten los límites materiales establecidos en el artículo 86 CE.
Corresponderá a la Diputación Permanente del Congreso pronunciarse sobre la convalidación o derogación de estas normas. Asimismo, el artículo 151.5 del Reglamento del Congreso contempla la posibilidad de que tramite como proyectos de ley, por el procedimiento de urgencia, los decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas.
Tras las elecciones, el ejercicio de esta facultad deberá respetar también los límites aplicables al Gobierno en funciones.
- Iniciativas normativas con rango reglamentario
En cuanto a la tramitación de Proyectos de rango reglamentario (Real decreto y órdenes ministeriales, entre otras), éstos pueden ser aprobados por el Gobierno sin verse afectados por la convocatoria de elecciones, siempre y cuando de tiempo a finalizar todos los trámites procedimentales, en su caso, antes del último Consejo de Ministros.
Una vez que el Gobierno esté en funciones, deberá ajustarse, además, al artículo 21.3 de la Ley 50/1997: despacho ordinario de los asuntos públicos o, fuera de este ámbito, urgencia debidamente acreditada o razones de interés general expresamente justificadas.
Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental[1].
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