El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha lanzado una consulta pública previa para adaptar la legislación española a las nuevas normas europeas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En concreto, se trata de transponer la Directiva (UE) 2024/1640 y aplicar el Reglamento (UE) 2024/1624.

La consulta tiene como objetivo modificar la actual Ley de prevención del blanqueo de capitales y su Reglamento de desarrollo para alinearlos con las exigencias de armonización comunitaria. La consulta no incluye aún una propuesta legislativa concreta, sino un cuestionario técnico que invita a los sectores afectados a pronunciarse sobre diversos aspectos clave.

Entre los puntos destacados de la consulta sobre la Directiva, el Gobierno pregunta por cuestiones, como la autoridad competente para supervisar la idoneidad de la alta dirección y los titulares reales, el grado de acceso y las posibles excepciones en el Registro de Titularidad Real, y la necesidad de nuevas obligaciones de identificación. También se abordan mejoras en la operatividad de la Unidad de Inteligencia Financiera, incluyendo los plazos de suspensión de operaciones y la eficacia de las alertas, así como posibles ampliaciones del régimen sancionador y la creación de puntos de contacto centralizados para entidades sin sede física. Por último, se analiza cómo fortalecer la cooperación entre autoridades competentes.

En relación con el Reglamento, el Ministerio de Economía solicita aportaciones sobre posibles ajustes en definiciones clave como la de persona con responsabilidad pública, el uso de exenciones previstas en el texto, y la conveniencia de mantener figuras como el compliance officer, el órgano de control interno y el experto externo. También se plantea identificar nuevas situaciones que requieran medidas reforzadas de diligencia debida, adelantar la obligación de declarar la titularidad real en entidades extranjeras o ampliarla a relaciones anteriores a julio de 2027, y valorar la eliminación de ciertas exenciones que impiden comunicar operaciones sospechosas en contextos de alto riesgo.

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